Con la aprobación de la Ley de Economía Digital, la agencia considera que el ahorro en manejo de efectivo y mayor actividad con plásticos compensarán la reducción de cuotas de intercambio.
Cobrar menos por cada operación con tarjeta puede abrir un negocio más grande para los bancos en México, pese a que las reformas de pagos digitales reducirían parte de sus ingresos por comisiones, Moody’s Ratings señala que el aumento de las transacciones, los menores costos por manejar efectivo y la posibilidad de prestar a nuevos clientes compensan ese impacto con el tiempo.
La calificadora identifica un beneficio que va más allá de sustituir billetes por tarjetas o transferencias: los pagos digitales dejan un registro de la actividad económica y esa información puede ayudar a los bancos a evaluar mejor a personas y pequeños negocios que tienen dificultades para demostrar sus ingresos y obtener financiamiento.
Moody’s analiza dos medidas complementarias: la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que, según el documento, el Senado aprobó el 20 de octubre y estaba pendiente de promulgación, y una propuesta del regulador bancario para reducir las cuotas de intercambio y modificar las reglas del mercado de pagos con tarjeta.
¿Qué comisiones bajarían?
La propuesta regulatoria busca reducir las cuotas de intercambio, un cobro que ocurre entre los participantes del sistema de pagos cuando una persona utiliza su tarjeta.
Para entenderlo, hay dos funciones principales. El emisor es el banco que entrega la tarjeta al cliente. El adquirente es la institución que permite al comercio recibir ese pago. Por cada operación, el adquirente paga una cuota de intercambio al emisor.
Ese cobro forma parte de la comisión que enfrenta el establecimiento por aceptar tarjetas. Por ello, una reducción debería abaratar este servicio para los negocios, de acuerdo con Moody’s.
La propuesta limitaría gradualmente las tasas promedio de intercambio a 1% en tarjetas de crédito y 0.30% en débito.
El informe de Moody’s contrasta esos niveles con las tasas máximas actuales de 1.91% y 1.15%, respectivamente.
Además, las operaciones con débito tendrían un límite fijo de 10.80 pesos por transacción, lo que restringiría los ingresos por estas cuotas en compras de mayor valor.
Estos porcentajes corresponden a las cuotas de intercambio; no representan necesariamente la comisión total que pagaría cada comercio por aceptar tarjetas.
Más negocios aceptarían tarjetas
La apuesta es que un menor costo anime a más establecimientos , en especial a los pequeños e informales, a recibir pagos con tarjeta y otros medios digitales.
Para los bancos, esto implicaría recibir menos ingresos por determinadas cuotas, pero participar en un mercado con más operaciones. Moody’s considera que ese crecimiento, junto con los ahorros operativos, favorecería al sector.
El informe recoge una estimación del gobierno según la cual las medidas podrían generar beneficios anuales por 20,100 millones de pesos.
La calificadora plantea un escenario para dimensionar esa cifra: incluso si todo ese monto se convirtiera en una pérdida de ingresos para la banca, equivaldría a cerca de 10% de sus ingresos netos por comisiones, con base en los resultados anualizados del primer semestre de 2026. A su juicio, sería una proporción manejable.
¿Cómo ayudarían al crédito?
Una de las principales barreras para prestar dinero es la falta de información verificable sobre quien lo solicita. Un pequeño negocio puede tener ventas, pero enfrentar dificultades para acreditarlas ante un banco si sus operaciones ocurren principalmente en efectivo.
Una mayor adopción de pagos digitales ampliaría la información disponible para evaluar a esos posibles clientes. Según Moody’s, esto permitiría seleccionar mejor a los solicitantes en función de su riesgo y facilitaría el acceso al crédito de hogares y pequeñas empresas poco atendidos.
Los préstamos de la banca comercial representaban 23% del PIB mexicano en junio de 2026, frente a alrededor de 50% en promedio en otros mercados bancarios importantes de América Latina, señala el reporte.
La calificadora vincula esa brecha con la informalidad, que abarca más de la mitad de la fuerza laboral, la limitada adopción de pagos digitales y la escasez de información sobre los solicitantes.
También cita un informe reciente del banco central según el cual solo 63% de los adultos mexicanos tenía una cuenta bancaria.
¿Qué plantea la ley?
Según el análisis, la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos permitiría a la Secretaría de Hacienda determinar qué sectores estarían obligados a aceptar únicamente pagos electrónicos.
El marco también exigiría que las entidades gubernamentales acepten pagos electrónicos y promovería opciones como tarjetas, códigos QR, domiciliación bancaria y tecnología de comunicación de campo cercano, conocida como NFC, que permite pagar al acercar un dispositivo.
Moody’s considera que estas disposiciones podrían impulsar herramientas que ya existen, como CoDi, DiMo y SPEI.
Además, el uso de instrumentos de identidad digital, como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, buscaría simplificar los procesos para incorporar clientes a los servicios financieros.
Cambios durante tres años
La propuesta de límites a las cuotas contempla una aplicación gradual durante tres años. Ese plazo daría a los emisores tiempo para ajustar sus precios y programas de recompensas.
También incorpora reglas para ampliar la competencia: prohíbe acuerdos de exclusividad, ventas atadas, subsidios cruzados, penalizaciones por volumen mínimo y prácticas que limiten a las redes competidoras.
Los adquirentes y agregadores (proveedores que facilitan a los comercios recibir pagos) estarían sujetos a requisitos para entregar los recursos a los establecimientos el mismo día y mantener separados los fondos.
Por la aplicación gradual, Moody’s no espera una caída inmediata de los ingresos brutos de los bancos. Su evaluación es que, con el tiempo, una mayor actividad digital y menores costos compensarían la presión sobre las comisiones.
El documento es un comentario sectorial: esta valoración favorable no constituye un cambio en las calificaciones crediticias de las instituciones.
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