La fatídica muerte de una joven trabajadora atrapada por el agua al interior del comercio de mercancías chinas Híper San Bruno no fue consecuencia impredecible de una tormenta atípica, sino el resultado directo de una negligencia administrativa y omisión oficial perpetrada desde el propio Ayuntamiento de Xalapa.
Documentos en poder de Excélsior revelan que las autoridades de Desarrollo Urbano municipal avalaron la construcción y el cambio de uso de suelo para este complejo de 4,200 metros cuadrados sobre un humedal de amortiguamiento pluvial catalogado formalmente como zona inundable en los propios instrumentos de ordenamiento de la ciudad.
Híper San BrunoLourdes López
El permiso firmado en la administración de Ricardo Ahued
Conforme consta en el Oficio No. DDU/6465/2024 (expediente de seguimiento al folio 00006009), expedido el 3 de octubre de 2024 y notificado con sello de recibido el 4 de noviembre de 2024, la Dirección de Desarrollo Urbano municipal concedió la Actualización de Uso de Suelo Comercial (Bodega) a favor del propietario Erick Alejandro Lagos Hernández.
La autorización, signada por el entonces director de la dependencia, Arq. José Miguel Torres Cházaro, se formalizó durante la gestión del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, apenas unas semanas antes de que este dejara el cargo municipal para sumarse al gabinete estatal.
A pesar de que el documento extinguió y sustituyó autorizaciones previas que databan de 2013, la autoridad municipal omitió exigir obras previas de ingeniería de elevación y desagüe estructural capaces de mitigar la naturaleza incalculable del terreno.
Híper San BrunoLourdes López
El desacato al Atlas de Riesgo y a la Carta D-11
La negligencia cobra gravedad al contrastar la licencia concedida con el plano de “Amenazas y Vulnerabilidades” (Clave D-11) del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Xalapa.
El mapa oficial ubica el predio de la Avenida Mártires del 28 de Agosto #368, en la colonia Luz del Barrio / San Bruno, directamente sobre una franja de humedal y cuerpo de agua natural cuya función ecológica e hidrológica es, precisamente, servir como vaso de amortiguamiento para los escurrimientos pluviales de la zona poniente de la capital.
El expediente técnico del siniestro señala categóricamente:
“La Dirección de Desarrollo Urbano siempre mantuvo conocimiento de la situación de esa construcción… Las autorizaciones debieron de ser el caso designar condicionantes, medidas y observaciones al proyecto para que a través de ingeniería les hiciera adoptar medidas para evitar cualquier inundación mediante la adopción de los niveles necesarios y/o equipamiento para su atención”.
Protección Civil y la omisión del Artículo 429
Aunque el oficio municipal condicionaba la validez del uso de suelo a la entrega —en un plazo no mayor a 15 días hábiles— del Dictamen Técnico de Riesgo en Materia de Protección Civil Municipal y Estatal, así como a estudios de impacto ambiental (SEDEMA) e incorporación vial, el establecimiento comenzó a operar y a almacenar toneladas de mercancía sin contar con la infraestructura preventiva adecuada ante la crecida de los arroyos colindantes que alimentan a la presa de San Bruno.
El propio Artículo 429 del Reglamento de Desarrollo Urbano de Xalapa, invocado en el reverso del oficio DDU/6465/2024, faculta y obliga al Ayuntamiento a la cancelación y revocación inmediata de las autorizaciones cuando existan incongruencias, datos faltantes o afectaciones justificadas a terceros. Ningún funcionario municipal ejecutó la suspensión del sitio antes de que ocurriera la fatalidad.
Exigencia de deslinde de responsabilidades
El colapso e inundación del “Híper San Bruno” deja al descubierto el patrón de tolerancia oficial hacia giros comerciales e industriales en áreas de alto riesgo ambiental y pluvial en Xalapa.
El día de la inundación por una lluvia generada “por una vaguada”, tal como lo comentó la alcaldesa Daniela Griego Ceballos en su cuenta de Facebook, la joven no pudo salir del establecimiento, corrió al fondo del almacén, no así sus compañeros que salieron apresuradamente para no quedar atrapados por la fuerte corriente que comenzaba a crecer.
Esta mañana, la directora de Protección Civil municipal Alma Fuertes evadió hablar del tema en una entrevista radiofónica al mencionar
Vecinos y familiares de la víctima exigen que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Contraloría Municipal no circunscriban las investigaciones únicamente a los administradores del establecimiento comercial, sino que se abra una línea de investigación administrativa y penal contra los funcionarios públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Protección Civil que firmaron y permitieron la consolidación de esta obra sobre un vaso receptor de agua.
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