septiembre 10, 2026

El inmueble utilizado por los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna se convirtió en una pieza clave de la investigación por huachicol fiscal, de acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy. Una bodega relacionada de los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna, señalados dentro de la investigación por la red de huachicol fiscal vinculada al buque asegurado en Altamira, Tamaulipas, fue localizada con armas sin registro, objetos de lujo y documentación clasificada como reservada o confidencial. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que el inmueble era alquilado por los investigados y que su contenido aportó nuevos elementos sobre la estructura que presuntamente permitió el ingreso de hidrocarburos a México mediante operaciones de contrabando. Durante una exposición sobre el caso, Godoy señaló que en la bodega fueron encontrados listados relacionados con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la institución, además de documentación considerada de seguridad nacional. “Se encontraron además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada / confidencial y armas sin el debido registro”, explicó. El hallazgo forma parte de las investigaciones derivadas del aseguramiento, en marzo de 2024, de un buque en Altamira, Tamaulipas, que transportaba alrededor de 10 millones de litros de combustible presuntamente introducidos al país mediante documentación que no correspondía con la naturaleza real de la carga. Una red detrás del huachicol fiscal De acuerdo con Godoy, las investigaciones permitieron establecer que detrás de la operación no habría actuado un contrabandista aislado, sino una estructura criminal con participación de servidores públicos y agentes aduanales. La fiscal explicó que los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna habrían tenido un papel relevante dentro de la red , conocida como “Los Primos”, mediante la cual se introducían hidrocarburos a puertos mexicanos bajo registros que los identificaban como otras sustancias. La operación, detalló, habría contado con funcionarios y agentes aduanales que recibían pagos a cambio de permitir el ingreso de los embarques. Las revisiones de la mercancía podían reducirse a inspecciones superficiales, mientras que los volúmenes reportados eran presuntamente manipulados para facilitar la liberación del combustible. La estructura también habría recurrido a influir en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, de la Administración Nacional de Aduanas de México y de la Secretaría de Marina. Godoy sostuvo que, dentro de esta mecánica, Manuel Roberto Farías Laguna habría intervenido directamente en la gestión de nombramientos y promociones de personal. Otro de los mecanismos descritos consistía en establecer con anticipación los horarios de llegada de las embarcaciones con combustible. De esta manera, presuntamente se podían desactivar cámaras o impedir que quedara registro de determinadas maniobras durante las descargas. Una vez en tierra, el hidrocarburo era distribuido mediante tres empresas constituidas legalmente, según la información presentada por la Fiscalía. “Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero, eran el ciclo de este negocio ilegal”, planteó Godoy. La investigación no se limitó a Tamaulipas. La red habría tenido operaciones o conexiones en Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. El hallazgo de la bodega, una pieza clave La localización de la bodega representa uno de los elementos que la Fiscalía incorporó a la investigación para reconstruir el funcionamiento de la organización y determinar el alcance de las presuntas complicidades. El contenido asegurado —entre armas, objetos de lujo, expedientes y documentación clasificada— permitió a las autoridades profundizar en los vínculos de los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna con personal de distintas áreas relacionadas con las operaciones portuarias y aduaneras. Godoy sostuvo que el caso no implica una responsabilidad institucional para la Marina, sino conductas atribuidas a individuos que, presuntamente, utilizaron sus posiciones y relaciones para favorecer la operación de la red. “Una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionen la responsabilidad y la confianza depositada en ellos”, afirmó. La investigación comenzó a tomar forma tras el decomiso del buque y del combustible en 2024. Para la fiscal, ese operativo permitió descubrir una estructura de corrupción de gran alcance dedicada al contrabando de hidrocarburos, con mecanismos para evadir controles, introducir combustible al País y posteriormente colocarlo en el mercado. Godoy calificó la estructura descubierta como “una de las estructuras de corrupción más sofisticadas que el país ha enfrentado, en el combate al contrabando de combustible”. expansion