Monclova

El canciller del Vaticano se reunirá con autoridades para discutir, entre otros temas, una posible visita del papa León XIV a México El secretario de Relaciones Exteriores del Vaticano, Paul Richard Gallagher, inició una visita de cinco días a México, donde se reunirá en privado con funcionarios del gobierno y autoridades eclesiásticas, además de que ofrecerá una misa en la Basílica de Guadalupe. De acuerdo con una agenda compartida por la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Richard Gallagher inició sus actividades con un encuentro con Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y con el secretario general de la misma, Héctor Pérez Villarreal. También tuvo una reunión con el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Juan Ramón de la Fuente, y con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y con Clara Luz Flores, jefa de la Unidad para Asuntos Religiosos de la misma dependencia. De acuerdo con Rodríguez, durante la reunión, se abordarán entre otros asuntos, la petición hecha por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, para que el próximo año el Papa León XIV visite el país; propuesta que fue entregada por la secretaria de Gobernación al Sumo Pontífice el día de la ceremonia del inicio de su pontificado, el pasado 18 de mayo. La agenda indica que el viernes 25 de julio, Gallagher será la figura central de la llamada ‘Fiesta del Papa‘ en la Nunciatura Apostólica en Ciudad de México, con la participación del cuerpo diplomático acreditado ante México, así como religiosos y laicos. Su viaje también incluye la presentación de una ponencia sobre diplomacia académica el lunes 28 de julio, dentro de los trabajos de la 28 Asamblea General de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) en Guadalajara, desde las instalaciones de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). México es un país mayoritariamente cristiano, con 98 millones de católicos y 14 millones de cristianos evangélicos, según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020. Con información de EFE

“Si no sales de Estados Unidos de inmediato, estarás sujeto a posibles medidas policiales que resultarán en tu deportación”, agrega la carta, que amenaza a los niños con un posible proceso penal, multas civiles y sanciones. Unas cartas enviadas a menores inmigrantes por la Administración Trump, que los instan abandonar inmediatamente Estados Unidos pese a haber entrado legalmente al país y amenazan con deportaciones, multas y procesos penales, horrorizan a familias y líderes civiles de Illinois “Es hora de que salgas de Estados Unidos”, señala la primera línea de una de las cartas que han recibido los menores a su nombre. “Actualmente te encuentras aquí porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) te otorgó un permiso de entrada condicional a Estados Unidos por un período limitado. El DHS está ejerciendo su discreción para cancelar tu permiso de entrada condicional, o ya lo ha hecho”, agrega. “Si no sales de Estados Unidos de inmediato, estarás sujeto a posibles medidas policiales que resultarán en tu deportación”, agrega la carta, que amenaza a los niños con un posible proceso penal, multas civiles y sanciones. “No intentes permanecer ilegalmente en Estados Unidos; el Gobierno federal te encontrará”, concluye de manera ominosa. “Esta es una barbaridad, algo nunca visto o imaginado por todos lo que nos dedicamos a la defensa de los indocumentados”, declaró a EFE la pastora Julie Contreras, del santuario United Giving Hope, que tiene sede en la ciudad de Waukegan, Illinois, 74 kilómetros al norte de Chicago El país más poderoso del mundo “Imaginen qué pasa por la cabeza de un niño al recibir una carta de este tipo de parte del Gobierno del país más poderoso del mundo, que les niega el permiso humanitario. Esto es muy grave y fuerte”, agregó. Decenas de niños del área de Waukegan, que hacen parte de aquellos que cruzaron sin sus padres la frontera, en este caso mayoritariamente de México, recibieron cartas de deportación. Todos ellos ingresaron legalmente al país en 2014 bajo un programa humanitario como “menores no acompañados” y posteriormente se reunieron con sus padres indocumentados u otros familiares que ya vivían en Estados Unidos. A pesar de la reunificación, los menores no pueden ser representados legalmente por sus padres en un tribunal de inmigración, por la forma en que ingresaron al país, y dependen de abogados defensores que han visto su trabajo reducido por falta de recursos. Según Contreras, las cartas pueden ser un cambio “preocupante y alarmante”, porque ahora se buscaría despojar a los niños de las protecciones de asilo, incluso a aquellos con solicitudes pendientes, y acelerar la deportación de menores sin el debido proceso. “Estos niños no son los criminales que Trump afirmó que el ICE perseguiría. Son víctimas de violaciones de derechos humanos y están siendo aterrorizados. Incluso si el ICE no los busca de inmediato, la sola amenaza les causa un grave trauma psicológico”, dijo. Tres de esos niños, acompañados de madres o tías, buscaron la protección de “santuario” en la iglesia de Contreras. Un cuarto fue dejado solo al cuidado de la iglesia porque sus padres tienen miedo. “Estados Unidos está perdiendo su humanidad, las iglesias y otros santuarios ya no ofrecen garantías”, afirmó la pastora. El silencioso desmantelamiento legal La ley de inmigración establece que los menores no acompañados que llegan a la frontera sin un padre o tutor legal deben recibir protección especial: son puestos bajo el cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR, en inglés) y se les otorga un permiso humanitario mientras se procesan sus casos. Pero en los últimos meses, defensores de los migrantes y abogados afirman que el sistema se está desmantelando silenciosamente. Cada vez más menores no acompañados ven revocado su permiso humanitario y son encarcelados en procesos migratorios donde no tienen ninguna capacidad para defenderse, dijo a medios locales Davina Casas, pastora y líder de la Organización Monarquía, de Chicago. Casas explicó que en marzo la Administración Trump recortó los fondos para abogados de menores no acompañados, y sólo tras una demanda de once grupos defensores se restablecieron temporalmente por orden judicial, aunque el caso sigue abierto. Los grupos sostienen que, según una ley contra la trata de 2008, el Gobierno debe ofrecer asistencia legal y garantizar la repatriación segura de los niños, pero Casas duda que, incluso con fondos restablecidos, la demanda pueda ser cubierta. En abril pasado, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8.300 niños de 11 años o menos. Desde que Trump asumió el cargo en enero, los jueces han ordenado la deportación de más de 53.000 niños inmigrantes, según TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse), una organización adscrita a la Universidad de Syracuse. La mayoría de estos niños están en edad de escuela primaria o son menores. Aproximadamente 15.000 tenían menos de 4 años y otros 20.000 entre 4 y 11 años. Los adolescentes también se han visto afectados, con 17.000 de ellos deportados. EFE