agosto 21, 2026

FONMAR advierte que la vigilancia pesquera en Baja California Sur es insuficiente y plantea reforzar las facultades estatales. La vigilancia pesquera en Baja California Sur enfrenta una limitada capacidad operativa: únicamente nueve inspectores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) tienen a su cargo la supervisión de aproximadamente 2,200 kilómetros de litoral, reconoció Martín Inzunza Tamayo, director del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR). El funcionario estatal consideró que la cantidad de personal resulta insuficiente frente a la extensión de las costas sudcalifornianas y los problemas relacionados con la pesca ilegal, por lo que planteó la necesidad de realizar una reforma profunda al modelo de inspección y vigilancia pesquera. “Tenemos nueve inspectores en CONAPESCApara 2,200 kilómetros de litoral; francamente es muy poco”, reconoció. Una de las propuestas es establecer un convenio que permita contar con inspectores estatales y ampliar así la presencia de autoridades en las costas.Foto:Fonmar ¿Por qué es insuficiente la vigilancia pesquera en Baja California Sur? Inzunza Tamayo explicó que uno de los principales obstáculos es que las facultades para realizar inspecciones y aplicar procedimientos corresponden a autoridades federales, mientras FONMAR únicamente puede colaborar en operativos cuando CONAPESCA solicita apoyo. Ante esta situación, señaló que una de las propuestas es establecer un convenio que permita contar con inspectores estatales y ampliar así la presencia de autoridades en las costas. También hemos propuesto que podamos hacer un convenio con la CONAPESCA para tener inspectores estatales”, explicó. El planteamiento forma parte de las propuestas surgidas de los foros de pesca realizados en la entidad, donde también se ha solicitado modificar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para ampliar las atribuciones de inspección y vigilancia de los estados. Proponen crear una policía estatal costera El director de FONMAR sostuvo que Baja California Sur también requeriría en el futuro una policía estatal especializada en vigilancia costera, aunque reconoció que el proyecto ya no podría concretarse durante la actual administración estatal. El objetivo sería reforzar la vigilancia no solamente en altamar, sino también cuando los productos pesqueros llegan a tierra y son trasladados para su comercialización. “Todo lo que se saque en el mar, sea legal o ilegal, tiene que llegar a la costa y tiene que trasladarse para la venta”, argumentó. De acuerdo con Inzunza, la pesca furtiva no es un problema exclusivo de Baja California Sur. Señaló que incluso organismos internacionales como la FAO han advertido que México mantiene un déficit en materia de vigilancia pesquera. Pescadores con pocos recursos son enviados a extraer producto utilizando embarcaciones y vehículos de bajo costo. ¿Cómo opera la pesca ilegaldetectada en BCS? FONMAR ha identificado un patrón en algunos casos de pesca ilegal: pescadores con pocos recursos son enviados a extraer producto utilizando embarcaciones y vehículos de bajo costo. Inzunza explicó que, cuando son detectados, pueden perder los equipos utilizados; sin embargo, esto no necesariamente detiene la actividad. “Al día siguiente vuelven otra vez a pescar”, señaló. Por esta razón, consideró necesario revisar los procedimientos actuales y planteó que, en determinados casos, se abran carpetas de investigación en lugar de limitar las actuaciones a procedimientos administrativos, con el objetivo de investigar también a quienes pudieran estar detrás de la extracción y comercialización ilegal. FONMAR, agregó, entrega mensualmente a CONAPESCA información sobre las irregularidades que detecta durante sus recorridos. Radares y cooperativasrefuerzan vigilancia en el litoral Ante las limitaciones de personal, el Gobierno de Baja California Sur ha recurrido a tecnología y a la coordinación con cooperativas pesqueras para ampliar la vigilancia. FONMAR informó que se han instalado radares de última generación en Punta Abreojos, Bahía Asunción y Las Barrancas, además de contemplarse un cuarto equipo para la zona sur de la entidad. Estos sistemas permiten realizar barridos permanentes, detectar embarcacionesy reducir la necesidad de mantener recorridos constantes por mar, que representan un elevado gasto de combustible. Las cooperativas también participan mediante embarcaciones de vigilancia y, cuando detectan una situación de riesgo o personas armadas, el protocolo utilizado es solicitar la intervención de la Secretaría de Marina. Inzunza sostuvo que la vigilancia ha mejorado y que los episodios de amenazas armadas contra pescadores han disminuido; sin embargo, insistió en que la extensión del litoral frente al reducido número de inspectores obliga a replantear la estrategia nacional de vigilancia pesquera. posta

Durante 2024, Pemex reportó pérdidas superiores a 20 mil millones de pesos por tomas clandestinas El huachicol se ha convertido en una de las actividades ilícitas más rentables para el crimen organizado en México, al generar ingresos millonarios mediante el robo de combustible, el saqueo de pipas y el llamado huachicol fiscal. Esta actividad también ha provocado disputas territoriales entre grandes cárteles y grupos criminales locales. Durante 2024, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó pérdidas superiores a 20 mil millones de pesos por tomas clandestinas en sus ductos. A este impacto se suma el denominado huachico! fiscal, mediante el cual combustible ingresa al país de manera irregular para evadir impuestos, con un daño estimado al erario de 177 mil millones de pesos durante ese mismo año. Qué cárteles controlan el huachicol en México? El CJNG aparece entre las organizaciones señaladas por su participación en distintas etapas del mercado ilegal de combustibles. Su estructura estaría relacionada tanto con el robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas como con redes dedicadas al traslado y comercialización ilegal. El Cártel de Sinaloa también ha sido vinculado con actividades relacionadas con la extracción, distribución y comercialización ilícita de combustible, mientras que el Cártel del Golfo mantiene presencia en zonas estratégicas para el trasiego de hidrocarburos. A estos grupos se suman células criminales regionales, algunas de ellas especializadas en almacenamiento, procesamiento y distribución de combustible robado. En entidades como Hidalgo, Puebla, Estado de México, CDMX, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Jalisco y Coahuila se han localizado instalaciones clandestinas relacionadas con estas actividades. Qué grupos criminales locales disputan el combustible? Entre las organizaciones regionales destaca el Cártel Santa Rosa de Lima, que mantiene una fuerte presencia en Guanajuato y disputa territorios con el CJNG. Su actividad se concentra en municipios como León, Celaya, Irapuato y Salamanca. Otra estructura relevante es Sangre Nueva Zeta,vinculada con remanentes de Los Zetas, cuya zona de influencia comprende regiones de Veracruz, Puebla y Tlaxcala. El CJNG aparece entre las organizaciones señaladas por su participación en distintas etapas del mercado ilegal de combustibles. Foto: InSight Crime En Tabasco opera La Barredora, mientras que en Campeche tiene presencia Pura Gente Nueva, señalada por actividades relacionadas con el robo de pipas e instalaciones de Pemex. Finalmente, en Hidalgo, entidad con alta incidencia de tomas clandestinas, destacan Los Hades y Los Pepes, con presencia también en municipios de Querétaro y Estado de México. ¿Cómo combatir el huachicol? Especialistas plantean fortalecer la vigilancia en los corredores donde pasan los ductos de Pemex, incrementar las auditorías a gasolineras, reforzar la seguridad carretera contra el robo de pipas y utilizar sistemas GPS para rastrear unidades. También consideran necesario ampliar la inteligencia financiera, aumentar los controles en puertos y fronteras y desarrollar herramientas tecnológicas capaces de identificar zonas con mayor riesgo de robo. La dimensión económica del huachicol y su relación con disputas territoriales muestran que combatir este delito requiere no sólo operativos contra las organizaciones criminales, sino también atacar las redes de comercialización y lavado de dinero que permiten que el combustible ilegal llegue al mercado formal. posta